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¿EL 16 DE OCTUBRE NO SE EXPLOTAN MAS CANTERAS?

Nuevo revés judicial para otra cantera por la Ley de Paisaje Protegido.

En efecto, la jueza platense Ana Cristina Logar, del Contencioso Administrativo Nº 2, denegó la medida cautelar solicitada una vez más por el doctor Juan Pedro Merbilhaa, en este caso por las firmas Montecristo y Yarda. La noticia trae alivio a las autoridades rumbo al cese definitivo de la actividad canteril dentro del predio comprendido como la poligonal. Más precisamente el 16 de octubre se oficializará el acto administrativo por el cual no podrán explotar más.

Tal rezara el planteo en el juzgado Nº 1, las firmas, a través de su representación legal, dedujeron una pretensión de reconocimiento o restablecimiento de derechos, contra la Dirección Provincial de Minería de la provincia de Buenos Aires y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la ley N° 14.126 y su decreto reglamentario n° 1766/10, leyes 12.074, 11723, 8912 y Ordenanza n° 9865 de la Municipalidad de Tandil y toda otra norma y acto administrativo dictados con anterioridad, o que se dicten con posterioridad, siempre que tengan relación y se los intente aplicar con el mismo fin y objetivo que el marco normativo citado precedentemente, el cual establece el cese de la actividad minera en la poligonal.

Dentro de los argumentos de las mineras, se señaló que la presentación de un plan de reconversión es material y económicamente imposible en virtud de las características naturales del predio, que solo en rentable en la actividad minera.

Se adujo que los plazos contenidos en dichas normas son ilegítimos, al igual que los establecidos en el decreto reglamentario y en el Plan de Manejo elaborado por el OPDS, los cuales imponen un nuevo plazo distinto al que otorga la ley.

Se añade, entre otros argumentos , que la citada ley viola el principio de igualdad ante la ley puesto que algunos inmuebles alcanzarían valores diferenciales sin justificación razonable que no sean los efectos de la aplicación de esa norma, siendo discriminatorio que se elimine la minería solo de un área de la misma jurisdicción municipal, afectando únicamente a algunas empresas mineras instaladas en el partido de Tandil.

LOS ARGUMENTOS DEL RECHAZO

del expediente al que este diario tuvo acceso, a la hora de rechazar la medida, la magistrada puso de resalto que el Máximo Tribunal Federal califica a la medida cautelar “innovativa como una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, y que por configurar un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión”.

Asimismo, resaltó que reiteradamente la Suprema Corte de Justicia provincial ha dicho que las medidas cautelares deben examinarse con mayor rigor cuando lo que se procura a través de ella es la suspensión de los efectos de una ley, decreto, ordenanza o reglamento, pues, tales actos deben presumirse constitucionales mientras no se produzca una declaración judicial que establezca lo contrario.

En efecto, la jueza dijo en su fallo que “la verosimilitud del derecho se vincula con el examen exhaustivo y análisis del plexo jurídico invocado por las partes, el estudio pormenorizado de la competencia en materia de minería ambiental cuestionada por la accionante y por ende, excede el marco de análisis inherente a los despachos cautelares. Las alegaciones vertidas no tienen en los elementos agregados respaldo suficiente, con el título provisorio que se requiere en esta oportunidad procesal”.

La magistrada consideró que la Ley General de Ambientes n° 25.675 prescribe que toda norma a través de la cual se ejecute la política ambiental, deberá sujetarse al cumplimiento de los principios enumerados en su artículo 4°. Entre ellos, el principio de prevención en cuanto establece que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir”.

Por su parte, el principio precautorio dispone que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.

Así, teniendo en miras que la cuestión que se controvierte en autos se vincula con la tutela del medio ambiente, adquieren plena vigencia los principios de prevención y precautorio impuestos por la normativa ambiental, circunstancia que desvanece la medida cautelar peticionada.

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