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Mauricio D Alessandro presiona al Municipio por la falta de agua en La Elena

El Diputado Provincial sigue sumando porotos. Mañana presentará un recurso de amparo contra el Municipio, la Dirección de Obras Sanitarias y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) para que se extienda la red de agua potable a dicho barrio.

El legislador, que ya realizó una acción similar por el estado de la Ruta 74, presentará el recurso ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, habida cuenta de la presencia de un ente federal, el Enohsa, entre los demandados.

“La Municipalidad no aprueba la obra, el Enohsa dice que ofreció dinero a una tasa de 3 por ciento anual, a diez años, pero que el Municipio no lo tomó y Obras Sanitarias dice que no tiene capacidad”, señaló D’Alessandro, al referirse a los involucrados en la acción.

El documento reza que “todo el barrio La Elena carece de agua corriente para uso domiciliario, que torna en altamente peligroso y dañoso para la salud el desarrollo de la vida doméstica y calidad de vida de sus habitantes”.

“En virtud de ello, se interpone formal acción de amparo contra la Dirección General de Obras Sanitarias de Tandil, la Intendencia del Municipio de Tandil y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, a los efectos de que este Tribunal ordene a los demandados la inmediata conexión de la red de agua potable, fijando un plazo razonable para su cumplimiento”, continúa.

Fundamenta que “la situación que viven los habitantes del barrio es insostenible y, por si fuera poco, la poca agua que se extrae por pozo se encuentra contaminada y no sirve para consumo humano”.

El texto pone en consideración que la ciudad “se ha visto favorecida por el aporte de fondos para obras por parte del Estado nacional y provincial, y sin embargo dichas obras no tuvieron en cuenta a este barrio ni su alarmante estado, el cual dista de ser apropiado para el desarrollo de la vida doméstica de las familias”.

Antecedentes

El escrito recuerda que “las autoridades municipales, luego de innumerables reuniones y reclamos, informaron haber preparado el primer proyecto en 2008, luego en 2010 haberlo presentado en el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento y también en 2011, pero lo cierto es que nunca se vieron resultados de dicho plan”.

Añade el diputado que “sumado a los hechos descriptos, se agrava que en la parte más alta del citado barrio funcionó hasta hace algunos años el basural ‘A cielo abierto’ de la ciudad, por lo tanto los informes bromatológicos dicen que el agua que hay en la zona no es apta para consumo humano”.

Como fundamento, incluye que el derecho a la salud está “consagrado por normas constitucionales, tanto a nivel nacional como provincial; y en diversos tratados y convenciones internacionales con jerarquía constitucional”.

“Dentro de las observaciones generales de dichos tratados encontramos ‘que el derecho a la salud no sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada, sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia potable’”, resalta.

Marca que “la omisión estatal, en dicho sentido, importa un liso y llano desprecio por la vida de quienes viven en la zona” y solicita a la Justicia “haga lugar a la demanda entablada, fijando un plazo en el cual se ordene a los demandados realizar los trabajos tendientes a extender la red de agua potable”.

“Pesa en la cabeza del Estado la obligación de garantizarlos, e incluso recae en responsabilidad internacional al no hacerlo”, sostiene.

Responsabilidades

Insiste en que “el Municipio de Tandil y el ente Obras Sanitarias Tandil, prestador del servicio de agua de red, no cumplen con las obligaciones que son propias de sus funciones y hacen a su creación legal, respectivamente. Tampoco el Enohsa, cuya función específica surge de la lectura de su propia página web, donde especialmente se deja constancia que es la actividad del ente proveer agua potable a parajes y pequeñas poblaciones”.

Argumenta que “igual que en un simple accidente de tránsito donde los embistentes son varios, la víctima (en este caso las víctimas) no tienen porqué analizar la mecánica del hecho que los perjudica o lesiona. Sólo deben probar el daño y quiénes son los que tienen la obligación de proveerles la solución”.

Por último, concluye que “fue el propio Municipio demandado el que permitió el loteo e instalación de las  familias en el predio. Fue el propio Municipio quien entendió que ese lugar era apto para vivir y podría brindar servicios elementales y garantizados por las constituciones nacional y provincial. De allí también su responsabilidad”.

 

Foto: letrap.com.ar

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