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ZAPATERO, A TUS ZAPATOS

-Por Carlos A. Fernández (Jefe del Bloque de Senadores de la UCR en la Provincia de Buenos Aires).

 

En mi ciudad, Tandil, se ha generado un importante debate porque se dejarán de percibir aproximadamente $ 9.000.000.- durante 2012 de los recursos que llegan vía coparticipación de los impuestos provinciales y nacionales que aportamos. El mismo debate podría darse en La Matanza, que dejará de percibir cerca de $ 80.000.000.- o en Villa Gesell $ 4.000.000.- y así en cada uno de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. 
 
La ley de Financiamiento Educativo, que acaba de ser puesta nuevamente en vigencia por la mayoría oficialista del Frente para la Victoria en el Congreso Nacional, a pesar de no haber sido enviada por el Poder Ejecutivo Nacional en el proyecto de Presupuesto 2012, ha generado una enorme cadena de consecuencias que aún no han sido adecuadamente mensuradas en su impacto en la Provincia de Buenos Aires. 
 
El fondo que se forma para efectivizar la ejecución de la ley de Financiamiento Educativo se conforma principalmente por el aporte de todas las Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de un porcentaje de la masa de recursos coparticipables. A su vez, cada jurisdicción (provincias) recibe una porción de ese fondo afectado al cumplimiento de los objetivos planteados por la Ley.
 
En la provincia de Buenos Aires en particular, la aplicación de estos fondos termina siendo positiva, recibimos más de lo que aportamos. Pero esta situación termina generando un efecto paradojal: la única jurisdicción que termina aportando es la única que no tiene la obligación constitucional de sostener la educación, el MUNICIPIO.
 
Novecientos quince millones de pesos ($ 915.000.000.-) es lo que dejarán de percibir los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires. Al no incluir entre las sumas coparticipables el aporte al fondo educativo que se detrae de la Provincia de Buenos Aires, proporcionalmente se afecta lo que recibe cada municipio generando impactos más que significativos teniendo en cuenta que resulta de una medida no prevista, ni informada, antes del cálculo de recursos y gastos que realizaron durante el año pasado de acuerdo a lo que la propia Provincia de Buenos Aires les informara.
 
Ya hemos cuestionado que quien no tiene la obligación constitucional sea quien realiza el único aporte en esta provincia, profundizando un modelo político de concentración y dependencia, pero cuál ha sido el efecto que han generado estas políticas aplicadas a partir de la sanción de la Ley.
 
La ley planteaba diez objetivos concretos con metas a cumplir, en aras de la brevedad plantearé unos pocos para intentar demostrar que el grado de ineficiencia evidenciado en la ejecución de la política educativa tornan aún más injustos las detracciones que se efectúan a los  municipios.
 
Según esos objetivos al año 2010, el 30% de la matrícula escolar de la Provincia de Buenos Aires debía asistir a escuelas con doble jornada escolar o jornada extendida en horario, buscando de esta manera acercarnos a lo que sucede en otros países (ni siquiera de primer mundo, simplemente hermanos latinoamericanos) donde los niños reciben muchas más horas de clase que en Argentina. OBJETIVO NO ALCANZADO.
 
También debería incluirse en el nivel inicial el 100% de la población de 5 años de edad y asegurar la incorporación creciente de los niños y niñas de 4 y 3 años priorizando los sectores sociales desfavorecidos. OBJETIVO NO ALCANZADO.
 
Fortalecer la educación técnica y la formación profesional impulsando su modernización y vinculación con la producción y el trabajo. Incrementando la inversión en infraestructura y equipamiento de las escuelas y centros de formación profesional. OBJETIVO NO ALCANZADO.
 
Podría seguir enumerando los objetivos y metas no alcanzadas, pero me detengo solamente en plantear el disparador de un debate que como sociedad nos debemos.
 
La injusticia de la situación planteada y la ineficiencia en la ejecución de un esfuerzo de miles de millones de pesos realizado por toda la sociedad, que alcanzó al 6% del PBI (Producto Bruto Interno) en inversión educativa, pero sin demasiados resultados.
 
Porque los vecinos de cada municipio de la Provincia de Buenos Aires deben dejar de percibir servicios u obras realizados por el nivel más eficiente del estado (el Municipio), para pagar esfuerzos decrecientes de las administraciones provinciales y nacionales que no aportan lo que les corresponde para hacer lo que tienen que hacer.
 
Carlos A. Fernández
Presidente Bloque de Senadores UCR

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